Las autoridades españolas investigan las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Franco

Las autoridades españolas se proponen investigar los delitos relacionados con las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil de 1936-1939 y durante el franquismo. Para ello, el gobierno del reino ibérico decidió derogar la ley de amnistía de 1977 y adoptar una nueva, sobre memoria democrática, que prohibiría la glorificación de la dictadura y el totalitarismo. El proyecto de ley correspondiente fue aprobado por el Consejo de Ministros, encabezado por el socialista Pedro Sánchez el martes. Sin embargo, este documento aún tiene un largo camino por recorrer en el parlamento. Pero después de su adopción definitiva, España se enfrentará a grandes cambios.

La Ley de Memoria Democrática, que se convertirá de hecho en la segunda parte de la Ley de Memoria Histórica, fue aprobada en 2007 por otro primer ministro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Prevé la creación de una Fiscalía en el Tribunal Supremo, que investigará todos los casos de violaciones de derechos humanos desde 1936 hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución española. Hasta ahora, la ley de amnistía no ha permitido hacer esto. A fines de la década de 1970, este documento permitió eliminar la amenaza al nuevo régimen por parte de los franquistas (sin embargo, en 1981 se hizo un intento de restaurar la dictadura, pero el golpe fracasó en gran parte debido a la posición adoptada por el rey Juan Carlos I, por lo que fue el héroe de los españoles comunes durante décadas).

A través del espíritu y la letra de la ley de amnistía, España también consideró los tratados internacionales de derechos humanos. Esto llevó a algunas asociaciones de víctimas a recurrir a la denominada vía argentina (ante la justicia argentina se presentaron denuncias por delitos cometidos por diversos políticos, y recientemente el exministro Rodolfo Martín Villa fue interrogado en uno de estos procesos). Ahora, todas las normas se interpretarán de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esto significa que las causas penales se pueden abrir en la propia España.

La fiscalía recién creada también buscará personas desaparecidas, si así lo solicitan sus familiares. Los costos de entierro de los restos serán cubiertos por el estado. Además, se creará una base de datos nacional de ADN y se realizará un censo de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Según Moncloa, no se hará distinción entre las víctimas de los republicanos y los franquistas, y la lista general permitirá que las heridas cicatricen.

El Valle de los Caídos, de donde fue sacado el cuerpo de Franco el año pasado, se convertirá en cementerio civil, donde están enterradas 30 mil víctimas de la guerra. Aún no se ha decidido si este objeto será privado de la condición de monumento, pero ya no estará bajo el control de la Orden Benedictina (Franco transfirió la administración del monumento en 1957).

La aprobación de la Ley del Recuerdo Democrático también conducirá a la proscripción de la Fundación Francisco Franco. La iniciativa supone la introducción de multas que van desde los 200 euros hasta los 150 mil para las asociaciones que ensalzan el totalitarismo o figuras de la dictadura, como el propio Franco.

También se revocarán los títulos de nobleza recibidos por los militares que apoyaron a Franco durante el golpe.

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